Legal Aid Society, Brooklyn Defender Services, The Bronx Defenders, New York County Defender Services, Neighborhood Defender Service of Harlem y Queens Defenders presentaron una demanda hoy en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra la Oficina del Estado de Nueva York de Administración de Tribunales (OCA, por sus siglas en inglés) para evitar la decisión apresurada, peligrosa y unilateral de volver a convocar asuntos judiciales en persona y que no sean de emergencia programados para el miércoles de esta semana, informa el New York Law Journal.

La demanda argumenta que la propuesta de OCA viola la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) al privar a miles de personas que tienen vulnerabilidades médicas u otras discapacidades de la oportunidad de buscar y ayudar a desarrollar las adaptaciones necesarias de la Corte.

Esto obliga a las personas a elegir entre su salud y su libertad, porque si no comparecen ante el tribunal pueden tener una orden de arresto y potencialmente ser encarceladas. La orden de comparecencia en persona implica derechos constitucionales fundamentales, incluidos, al menos, el debido proceso legal, las protecciones contra la acción arbitraria del gobierno y el ejercicio excesivo del poder del gobierno.

Para dar solo un ejemplo, esta orden ha puesto a los defensores públicos en una posición de tener que advertir a los clientes que podrían verse obligados a comparecer ante el tribunal de manera inminente sin saber con certeza qué personas se verán realmente afectadas, la postura de los casos que podrían ser seleccionados, o si la planificación de COVID-19 de la corte protegerá suficientemente a las personas en la corte o permitirá solicitudes de adaptaciones razonables. Por último, la propuesta de OCA viola la Ley de Rehabilitación de 1973 que prohíbe que cualquier entidad que reciba asistencia financiera federal, incluido el sistema judicial de Nueva York, excluya a una persona con discapacidades de participar en cualquiera de sus programas o actividades.

La política de OCA no considera la discapacidad de una persona y no proporciona modificaciones razonables, incluidas, entre otras, comparecencias virtuales ante el tribunal y notificación con suficiente antelación de su comparecencia ante el tribunal, que las personas con discapacidades necesitan para participar de manera segura e igualitaria en estos programas administrados por el tribunal.