Emma Goodman, abogada del personal de la Unidad Especial de Litigios en The Legal Aid Society, instó a los legisladores a ampliar la cancelación automática de todos los delitos en un artículo de opinión para Límites de la ciudad. Actualmente, el proceso de eliminación establecido en la ley de legalización del cannabis que se aprobó a fines de marzo solo se aplica de manera limitada a delitos específicos relacionados con el cannabis, lo que deja a muchos neoyorquinos con antecedentes penales residuales.

Goodman instó a los legisladores a considerar los inquietantes efectos económicos y sociales que tal disparidad presenta para los neoyorquinos desfavorecidos por antecedentes penales antiguos, que incluyen “trabajos, vivienda, educación, seguro de vida, préstamos, custodia de niños, licencias y más”.

“Utilizamos el término 'consecuencias colaterales', pero no hay nada colateral en ellas. Son parte del castigo”, escribe Goodman. “Son intencionales. Son barreras de por vida para la plena participación. Son una sentencia interminable a la pobreza. Están en la raíz misma de la desigualdad sistémica que debemos abordar. Nuestro actual sistema basado en aplicaciones no hace lo suficiente. La expurgación fragmentaria y específica de los cargos no es suficiente”.

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