En una carta al editor de The New York Times, Will A. Page, un abogado del personal de The Legal Aid Society's Oficina de Apelaciones Penales, argumenta en contra de continuar encarcelando a los neoyorquinos que han cumplido su condena pero no pueden encontrar una vivienda que cumpla con los requisitos para su liberación.

Page es el abogado de Angel Ortiz, quien cumplió 25 meses adicionales en prisión porque no pudo encontrar una vivienda adecuada. El Sr. Ortiz quería reunirse con su familia en la ciudad de Nueva York, sin embargo, su designación como delincuente sexual le prohibía vivir a menos de 1000 pies de una escuela. El estatus de delincuente del Sr. Ortiz se deriva de una condena por robo durante la cual se alega que hizo una amenaza sexual, pero debido a ese estatus encontrar vivienda era casi imposible. Page apeló el caso de Ortiz hasta la Corte Suprema.

“Yo, como muchos de mis colegas defensores públicos, sigo cuestionando el encarcelamiento de personas durante años más allá de sus fechas de liberación simplemente porque son pobres y están atrapados por restricciones de residencia que no aumentan la seguridad pública”, escribe.

“Otro aspecto preocupante de este problema es que en la ciudad de Nueva York, el estado impide activamente que estas personas obtengan acceso a un refugio”, continuó Page. “Se requiere que la ciudad brinde viviendas que cumplan con los requisitos a cualquier persona que lo necesite, pero él o ella deben ser liberados de prisión para solicitarlo. Por lo tanto, cientos permanecen encarcelados (a un costo anual de $21 millones) cuando deberían estar libres”.

Aunque el tribunal superior se negó a escuchar el caso del Sr. Ortiz, la jueza Sotomayor expresó su preocupación de que “la política de Nueva York exige el encarcelamiento indefinido de algunas personas indigentes juzgadas como delincuentes sexuales”.

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