La Legal Aid Society se hace eco de las preocupaciones generalizadas de los defensores de la privacidad y las libertades civiles al llamar la atención sobre el desequilibrio de poder que pone a los usuarios de las redes sociales en una tremenda desventaja cuando las fuerzas del orden buscan información privada en el curso de una investigación criminal. La Ley de Comunicaciones Almacenadas de 1986, que prohíbe que un "proveedor de servicios de comunicaciones electrónicas" comparta los registros de cuentas y comunicaciones de los usuarios, exime a la aplicación de la ley de esta regla, lo que significa que el propio panorama legal prioriza la aplicación de la ley sobre los derechos del usuario.

La situación pone a los abogados defensores en una tremenda desventaja, especialmente cuando los clientes no tienen los recursos económicos necesarios para abrirse camino a través del marco legal, presentando solicitudes de citación para obtener información privada que se proporciona automáticamente a las fuerzas del orden.

"¿Sabes lo que Facebook me dice que tengo que hacer para obtener incluso las cosas a las que tengo derecho?" dijo Jerome Greco, abogado de Legal Aid Society en la ciudad de Nueva York. “Tengo que hacer que se lo entreguen personalmente en California. Y la única forma de hacerlo según la ley actual de los EE. UU. es que un juez en Nueva York firme la citación, luego se la lleve a un juez en California para que también firme la citación y luego se entregue en Facebook en su sede”.