Una ley de 19 años que regula dónde pueden vivir las personas registradas por delitos sexuales ha generado críticas en la era de COVID-19, donde impide que aquellos que han cumplido su condena obtengan vivienda y lleva a muchos al sistema de refugio. Bajo la Ley de Reforma de Agresión Sexual de 2001 del estado, o SARA, grandes secciones de la ciudad se clasifican como inhabitables para los solicitantes de registro debido a la ubicación física de las escuelas. El resultado son pocas opciones para estos neoyorquinos, y muchos se desplazan hacia el sistema de refugios donde corren el riesgo de exponerse al COVID-19, o simplemente viven en las calles, informa La apelación.

La Sociedad de Ayuda Legal y los defensores públicos están presionando a Nueva York para que actualice las reglas que dictan dónde pueden residir las personas registradas por delitos sexuales. Incluso las áreas permitidas actualmente no están claras, ya que el Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria (DOCCS) no pone a disposición el software de mapas que utiliza para medir la distancia de una residencia a las escuelas.

“Con toda la tecnología moderna disponible para el departamento, no puedo entender por qué no pueden establecer un sistema mediante el cual una persona en libertad condicional pueda saber si una dirección cumple con SARA antes de negociar un contrato de arrendamiento”, dice Robert Newman, un abogado del personal. en la Sociedad de Ayuda Legal de la Ciudad de Nueva York.