La Legal Aid Society y los defensores de la vivienda en todo el estado de Nueva York advirtieron que la última extensión de la Ley de Puerto Seguro para Inquilinos del gobernador Andrew Cuomo, que expiraba el 1 de enero, todavía no es una garantía contra el desalojo.

Si bien los inquilinos que sufren dificultades relacionadas con COVID están teóricamente protegidos de ser desalojados por la moratoria, si el tribunal reconoce o no el reclamo de dificultades de un inquilino determinado es una cuestión diferente, y de ninguna manera está resuelta.

“Los tribunales están tan sobrecargados que muchos clientes de Legal Aid ni siquiera tienen la oportunidad de presentar su caso ante un juez”, dijo Ellen Davidson, abogada de vivienda en The Legal Aid Society. “Uno de mis colegas me dijo que estaban en la corte representando a un inquilino que actualmente estaba en el hospital con COVID. El juez no está seguro de que califique como alguien que ha sido perjudicado por COVID, y podría terminar siendo desalojada, mientras está hospitalizada”.