La Legal Aid Society hizo sonar la alarma por la falta de una estrategia clara que rija los esfuerzos estatales para vacunar a las casi 500,000 personas encarceladas en las prisiones y cárceles del estado, según informó The New York Times.

Los expertos en salud pública están ampliamente de acuerdo en que las personas encarceladas, que generalmente no pueden distanciarse socialmente de manera segura, corren un riesgo particularmente alto de contraer y propagar el virus COVID-19.

“Tenemos gente muriendo semanalmente”, dijo Stefen Short, un abogado de la Proyecto de derechos de los presos en la Sociedad de Ayuda Legal. “¿Cuáles son los planes? Tiene que haber un mensaje coherente que salga de Albany y de estas agencias sobre esto. De lo contrario, solo estás generando mucho miedo”.