La Sociedad de Ayuda Legal – junto con otros 31 proveedores de servicios legales de inmigración, clínicas de facultades de derecho y organizaciones de defensa en todo el país – hoy envió una carta al Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) y al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) exigiendo el fin de la práctica de deportar a no ciudadanos detenidos antes de que se les brinde el tiempo y la oportunidad adecuados para presentar peticiones de revisión o solicitar suspensiones judiciales de la expulsión.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) frecuentemente ejecuta órdenes de deportación de personas detenidas apenas horas o días después de que la Junta de Apelaciones de Inmigración (Junta) emite su decisión final en un caso. Para una persona detenida, a menudo es imposible revisar una decisión de la Junta, presentar una petición de revisión y obtener una suspensión judicial en un plazo tan acelerado.

La carta solicita que el Poder Ejecutivo implemente una política de suspender las órdenes finales por 30 días, una política que es consistente con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.

"La política actual de deportar inmigrantes antes de que hayan tenido una oportunidad significativa de apelar la decisión de la Junta es una violación flagrante del derecho al debido proceso", dijo Julie Dona, abogada supervisora ​​de la Práctica Federal en la Unidad de Derecho de Inmigración en la Sociedad de Ayuda Legal.

“A menudo es casi imposible para una persona detenida obtener una suspensión judicial en el corto tiempo entre el momento en que la Junta toma una decisión sobre su caso y el momento en que ICE comienza el proceso de deportación forzosa”, continuó. “El DOJ y el DHS deben tomar medidas inmediatas para poner fin a esta política dañina e implementar una suspensión automática de 30 días para garantizar que las personas puedan llegar a los escalones del tribunal antes de sufrir las consecuencias profundas y potencialmente permanentes de la deportación”.

“La oportunidad de solicitar una revisión judicial y una suspensión judicial de la expulsión es fundamental para prevenir deportaciones ilegales”, dijo Trina Realmuto, directora ejecutiva de la Alianza Nacional de Litigios de Inmigración. "Hacemos un llamado a la Administración para que adopte políticas que garanticen que los no ciudadanos tengan un acceso pleno y justo a estos importantes derechos legales y constitucionales".