La Sociedad de Asistencia Legal se unió a un escrito amicus curiae en el Undécimo Circuito, argumentando que una desestimación por no agotar los recursos administrativos no constituye un "strike" según la disposición de "tres strikes" de la Ley de Reforma de Litigios Penitenciarios (PLRA), que exige a las personas encarceladas pagar la totalidad de las tasas judiciales como un pago único por adelantado si han acumulado tres "strikes" por demandas desestimadas previamente. Contabilizar las desestimaciones como un "strike" constituye una prohibición de facto del litigio, excluyendo las demandas con fundamento. El escrito describió las duras condiciones económicas, incluyendo la frecuente imposición de honorarios y gastos, que padecen las personas encarceladas.