La Sociedad de Asistencia Legal presentó un escrito amicus curiae en apoyo de las personas encarceladas y sus familias, impugnando las tarifas extraordinariamente altas que pagan quienes reciben llamadas telefónicas de los presos bajo custodia del Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York (DOCCS). Entre la década de 1980 y 2007, los seres queridos de los presos no tuvieron más remedio que pagar tarifas telefónicas hasta un 630 % superiores a las tarifas normales para hablar con sus seres queridos, como resultado de un contrato de monopolio entre el DOCCS y MCI Worldcom Communications Inc. En enero de 2007, tras años de defensa, el gobernador Eliot Spitzer anunció que el estado de Nueva York dejaría de exigir un soborno cercano al 60 % por cada llamada telefónica a prisión, reduciendo las tarifas telefónicas a más de la mitad. La legislatura estatal aprobó un proyecto de ley que prohíbe expresamente los cobros por comisión y garantiza tarifas razonables para los presos del estado de Nueva York y sus familias. La demanda Walton fue presentada por el Centro de Derechos Constitucionales y la Sociedad de Servicio Comunitario antes de estas reformas, e impugnó la constitucionalidad de las tasas injustamente altas del DOCCS y el impuesto ilegal de puerta trasera aplicado a las familias de las prisiones. En 2009, el tribunal supremo de Nueva York dictaminó que la política no violaba la Constitución de Nueva York, con el voto discrepante del juez Smith.