La Sociedad de Asistencia Legal interpuso esta demanda colectiva para impugnar dos políticas ilegales de la Administración del Seguro Social (SSA) de la era Reagan que impidieron a miles de neoyorquinos acceder a las prestaciones por discapacidad. La demanda impugnó la política de "no aquiescencia" de la SSA, según la cual los Jueces de Derecho Administrativo (ALJ) tenían instrucciones de ignorar las resoluciones de los tribunales federales de apelaciones cuando estas entraban en conflicto con las posturas políticas del Secretario de Salud y Servicios Humanos, y la política de "Revisión Bellmon", según la cual los ALJ con un alto porcentaje de resoluciones favorables a los solicitantes estaban sujetos a revisiones iniciadas por la agencia.

En 1992, llegamos a un acuerdo en el que la SSA acordó ordenar a los ALJ que cumplieran con las decisiones del Segundo Circuito, que rescindieran las políticas que incentivaban la falta de aquiescencia y que abandonaran la selección de ALJ para su revisión en función de su porcentaje de subvenciones por discapacidad, y que reexaminaran 40,000 casos al año de neoyorquinos cuyas reclamaciones fueron denegadas o finalizadas sobre la base de que no estaban discapacitados.