La Sociedad de Asistencia Legal se unió a un escrito amicus curiae de coalición con otros importantes grupos de defensa de los derechos civiles, oficinas de defensa penal y organizaciones de rendición de cuentas policial para solicitar al Segundo Circuito que revocara las resoluciones de tribunales inferiores que exigían a los demandantes de derechos civiles demostrar, como requisito previo para interponer demandas por agravio constitucional contra agentes de policía que fabricaron pruebas en su contra, que su caso penal subyacente había concluido de una manera que indicaba afirmativamente su inocencia fáctica. Esta norma era injusta e inviable, y habría creado un incentivo perverso para que los fiscales interpusieran agresivamente los casos con denuncias de mala conducta policial.

En 2021, el Segundo Circuito sostuvo que las reclamaciones de fabricación de pruebas de 1983, que se basan en las cláusulas del debido proceso de las Enmiendas Quinta y Decimocuarta, no requieren una demostración de inocencia.