La Sociedad de Asistencia Legal presentó esta demanda junto con otros proveedores del Proyecto de Unidad Familiar de Inmigrantes de Nueva York (NYIFUP) para impugnar una política repentina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), que se negaba a presentar a las personas en persona para sus comparecencias ante el tribunal de inmigración y, en su lugar, exigía que todos los procedimientos de deportación se llevaran a cabo mediante videoconferencia (VTC). Argumentamos que la política de "Negativa a Presentar" violaba los derechos de los inmigrantes a un abogado, a audiencias completas e imparciales, al acceso a los tribunales y al debido proceso, y era especialmente perjudicial para las personas con discapacidad.

En junio de 2019, un juez federal de primera instancia desestimó el caso, al considerar que no tenía jurisdicción sobre la política de producción de ICE.