La Sociedad de Asistencia Legal, que representa a diversas organizaciones sin fines de lucro que brindan apoyo a personas no ciudadanas detenidas por el ICE, presentó un escrito de amicus curiae en coalición ante el Segundo Circuito para impugnar la postura de la Junta de Apelaciones de Inmigración, según la cual, cuando se considera la fianza para personas no ciudadanas en procesos de deportación, recae sobre ellas la carga de la prueba para demostrar que no representan un peligro para la comunidad ni un riesgo de fuga. Compartimos con el Tribunal historias de clientes para resaltar las consecuencias destructivas e innecesarias de dicha presunción en la vida real. Nuestro escrito argumentó que, en cambio, trasladar la carga de la prueba al gobierno para demostrar por qué una persona sí representa un peligro reconocible que justifique su detención, resulta en decisiones de custodia más fiables, minimiza el daño a las familias y comunidades inmigrantes y sirve al interés público general.

El Segundo Circuito desestimó la apelación en agosto de 2022 tras la decisión de la Corte Suprema en Garland contra Alemán Gonzálezlo cual impidió el tipo de medida cautelar colectiva otorgada a los detenidos por el tribunal de distrito.