La Sociedad de Asistencia Legal presentó esta demanda colectiva en nombre de beneficiarios de prestaciones públicas de bajos ingresos para impugnar la falta de audiencias imparciales oportunas por parte de Nueva York en respuesta a una acción de la Ciudad para interrumpir, suspender, reducir o restringir sus prestaciones. En 1995, un tribunal federal de primera instancia dictaminó que la suspensión de las prestaciones por parte de la Ciudad a personas que esperaban una audiencia imparcial era ilegal, dictaminando que «para las personas indigentes, la pérdida, incluso de una parte, de las prestaciones de subsistencia constituye un perjuicio irreparable». En 1996, un perito judicial exigió a la Ciudad que estableciera procedimientos para garantizar que las personas siguieran recibiendo las prestaciones hasta su audiencia. En 2012, firmamos un acuerdo de conciliación con la Ciudad y el Estado que establecía plazos estrictos para la tramitación e implementación de la asistencia continua una vez solicitada una audiencia imparcial, la cual supervisamos hasta 2015.