María L. contra Mullin
La Sociedad de Asistencia Legal, Public Justice, la Clínica de Derechos de los Inmigrantes de la Universidad de Nueva York, el Proyecto de Migración Libre y el bufete Covington & Burling LLP presentaron una demanda colectiva en nombre de dos inmigrantes que enfrentan multas civiles ruinosas de hasta 1.8 millones de dólares, y en nombre del Centro de Recursos Legales para Inmigrantes, para impugnar una disposición de la ley de inmigración que llevaba mucho tiempo inactiva, reactivada por la administración Trump e impuesta a personas que solicitan legalmente un alivio migratorio. El caso busca representar a un grupo de personas en todo el país que han recibido estas multas. Al 18 de marzo de 2026, el Departamento de Seguridad Nacional había emitido más de 65,000 notificaciones de multas, por un total de más de 36 mil millones de dólares en multas pendientes.
En octubre de 2026, el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Massachusetts otorgó una medida cautelar a los inmigrantes que impugnaban el plan de sanciones civiles sin precedentes de la Administración Trump. El Tribunal dictaminó que las regulaciones utilizadas por el gobierno para imponer las multas probablemente sean ilegales, ya que el ICE y el DHS no consideraron adecuadamente las circunstancias individuales.