La Legal Aid Society, en nombre de Make the Road NY, el Comité de Servicios Africanos, la Federación Asiático-Americana, los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas y la Red Católica de Inmigración Legal, Inc., desafiaron conjuntamente la reglamentación del Departamento de Seguridad Nacional que creó una prueba de riqueza para los no ciudadanos que buscan el estatus de residencia permanente legal o la entrada a los EE. UU. La regla redefinió ilegalmente el término "carga pública", transformándolo de un término que el Congreso pretendía aplicar solo a una categoría estrecha de personas que están institucionalizadas o que de otra manera dependen principalmente o totalmente de la asistencia pública en efectivo, para incluir en cambio a cualquier inmigrante que se considere probable que reciba incluso pequeñas cantidades de una amplia gama de beneficios en efectivo o no en efectivo, en cualquier momento en el futuro, incluida la asistencia alimentaria, la atención médica y la asistencia para la vivienda.

En octubre de 2019, un juez federal de primera instancia emitió una orden judicial preliminar que bloqueaba la norma, pero la Corte Suprema la suspendió en enero de 2020, y la norma entró en vigor un mes después. El Segundo Circuito confirmó la orden judicial en agosto de 2020, al determinar que la norma de la administración Trump socavaba la intención inequívoca del Congreso. En marzo de 2021, la administración Biden retiró la apelación del gobierno ante la Corte Suprema, levantando la suspensión de la orden judicial en Nueva York, Connecticut y Vermont.