Jiggetts contra Grinker Estableció que las familias que reciben asistencia pública deben recibir una asignación de vivienda que guarde una relación razonable con el costo real de su vivienda. En 1987, más del 60 % de los beneficiarios de la Ayuda a Familias con Hijos Dependientes se vieron obligados a pagar alquileres superiores a sus asignaciones de vivienda, obligando a padres e hijos pequeños a elegir entre la comida y el pago del alquiler. En 1990, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que el artículo 350(1)(a) de la Ley de Servicios Sociales impone al Comisionado Estatal de Servicios Sociales la obligación legal de establecer una escala de tarifas de prestaciones razonable, y que la escala estatal vigente en ese momento —“tan baja que obligó a un gran número de familias con hijos dependientes a quedarse sin hogar”— violaba dicha obligación.

A lo largo del litigio, las familias que enfrentaban un desalojo contaron con un sistema de solicitud ordenado por el tribunal mediante el cual el Estado aprobó el pago de los alquileres atrasados ​​y los suplementos de alquiler vigentes para ayudarles a conservar su vivienda. Para febrero de 1997, 27,000 familias recibían los suplementos de alquiler. Tras un juicio, el tribunal ordenó al Estado aumentar las asignaciones para alojamiento en la ciudad de Nueva York. El Estado otorgó a la ciudad de Nueva York y a otros distritos de servicios sociales la opción de añadir un suplemento de alquiler a las familias con hijos menores que recibían asistencia económica y que enfrentaban un desalojo. La ciudad optó por adoptar el Suplemento para la Prevención de Desalojos Familiares (FEPS) para continuar un proceso de solicitud de suplementos de alquiler similar al que se había desarrollado durante el litigio. Entre 2005 y 2010, las familias fueron transferidas al FEPS mediante el proceso de solicitud. Casi 10,000 familias en la ciudad de Nueva York reciben actualmente el FEPS.