La Sociedad de Asistencia Legal presentó un escrito amicus curiae en apoyo de una demanda que impugnaba los servicios legales del Estado de Nueva York para personas de bajos recursos por considerarlos constitucionalmente inadecuados. La demanda argumentaba que la falta de financiación, recursos y supervisión suficientes por parte del Estado privaba a los acusados ​​indigentes de la asistencia significativa y efectiva a la que tienen derecho. En 2014, la Unión de Libertades Civiles de Nueva York llegó a un acuerdo histórico en virtud del cual el Estado se comprometió a adoptar importantes reformas centradas en cinco condados del norte del estado.

El litigante principal de Hurrell-Harring, Corey Stoughton, se desempeñó como abogado a cargo de la práctica de reforma del derecho penal de Legal Aid de 2020 a 2024. Corey litigó contra Hurrell-Haring mientras era abogado de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.