La Sociedad de Asistencia Legal presentó esta demanda colectiva en nombre de más de 200,000 personas a quienes la Administración del Seguro Social les negó ilegalmente beneficios por discapacidad entre junio de 1976 y julio de 1983. El caso reveló años de directrices internas en las que a personas con ciertos perfiles médicos se les negaban automáticamente o casi automáticamente los beneficios porque sus discapacidades se consideraban insuficientemente "graves", lo que un tribunal federal de primera instancia describió como "una aplicación errónea, sistemática y encubierta, de las regulaciones sobre discapacidad". Como resultado del litigio, el Tribunal suspendió equitativamente el plazo de prescripción que rige las apelaciones de las denegaciones de discapacidad, permitiendo a los solicitantes apelar sus denegaciones incluso si no habían interpuesto una demanda dentro del período legal de 60 días o no habían agotado sus recursos administrativos. El Segundo Circuito confirmó la decisión del tribunal de primera instancia en 1995.