La Sociedad de Asistencia Legal presentó este escrito amicus para instar a la Corte Suprema de los Estados Unidos a conceder el certiorari en Díaz contra el Estado de Nueva York y determinamos que la Cuarta Enmienda prohíbe al gobierno obtener las grabaciones de las conversaciones telefónicas que los detenidos en prisión preventiva mantienen con sus familiares y amigos sin una orden judicial. Argumentamos que el tribunal superior del estado de Nueva York había aplicado incorrectamente la decisión de la Corte Suprema sobre la doctrina de terceros en Carpenter contra Estados Unidos al permitir que los fiscales revisaran y utilizaran registros telefónicos, a pesar de que Rikers Island había informado expresamente a los detenidos que sus llamadas telefónicas se grababan únicamente con fines de seguridad. El certiorari fue denegado en octubre de 2019.