La Sociedad de Asistencia Legal interpuso una demanda colectiva en nombre de los menores arrestados por posibles cargos de delincuencia que fueron interrogados por la Brigada de Detectives del Tribunal de Familia. Argumentamos que los interrogatorios de la Brigada fueron tan coercitivos que violaron el derecho de nuestro cliente al debido proceso y a no autoincriminarse. El Tribunal de Distrito dictó sentencia sumaria a favor del gobierno, al considerar que los métodos coercitivos de la Brigada no eran lo suficientemente graves como para constituir violaciones constitucionales per se. La decisión fue confirmada por el Segundo Circuito en 1998.