La Sociedad de Asistencia Legal presentó esta demanda colectiva en nombre de más de 100,000 familias negras e hispanas para impugnar la deliberada y prolongada política de discriminación racial de la Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA) en los proyectos de vivienda pública, en violación de la Ley de Equidad en la Vivienda de 1968. NYCHA estableció cuotas raciales para ciertos proyectos de vivienda pública y luego seleccionó a los inquilinos para cumplir con esos objetivos, incluso mediante el uso de códigos para designar proyectos a los que solo se debía derivar a familias blancas. Poco después, el Departamento de Justicia presentó su propia demanda para impugnar la discriminación racial de NYCHA.

Legal Aid firmó un decreto de consentimiento en 1992 que incluía una orden judicial permanente que prohibía la continuación de las prácticas de segregación de NYCHA, ordenaba la adopción de un nuevo Plan de Selección y Asignación de Inquilinos (TSAP) y preveía medidas correctivas para algunas víctimas, incluyendo apartamentos para 2,000 familias negras e hispanas. El decreto también exigía a NYCHA que proporcionara a Legal Aid un aviso de al menos 60 días antes de intentar modificar cualquier disposición del TSAP durante los cinco años siguientes, donde Legal Aid tenía "el derecho... de solicitar al tribunal que prohibiera la modificación propuesta por ser incompatible con [sus] términos". En 1995, Legal Aid obtuvo una orden judicial para impedir que NYCHA implementara una preferencia para las familias trabajadoras en comunidades de edificios con más del 30 por ciento de blancos, una política propuesta por NYCHA que ha ralentizado los esfuerzos de desegregación. El Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Segundo Circuito confirmó la orden judicial en 2002 y la Corte Suprema denegó la solicitud de revisión de la Ciudad.