La Sociedad de Asistencia Legal presentó una demanda colectiva en 1991 para impugnar la falta de acceso efectivo del Estado de Nueva York a los programas y servicios penitenciarios para las personas sordas o con dificultades auditivas encarceladas, lo cual violaba la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA), la Ley de Rehabilitación y la Constitución. Solicitamos medidas cautelares y declaratorias, alegando que el sistema penitenciario del Estado de Nueva York negaba intérpretes de lengua de señas y otros medios de comunicación durante actividades esenciales como la educación, la atención médica y los procedimientos disciplinarios. Un tribunal federal de primera instancia certificó la demanda colectiva en 1993 y, en 1995, dictó sentencia sumaria a favor de los demandantes, al determinar violaciones sistemáticas de la ADA y la Constitución.

En 1996, el tribunal emitió un decreto de consentimiento que obligaba al estado a proporcionar intérpretes y ayudas auxiliares a los miembros del grupo, entre otras medidas. El decreto también estableció un proceso de defensoría del pueblo para resolver las quejas antes de que los miembros del grupo pudieran solicitar su cumplimiento ante los tribunales. El decreto de consentimiento sigue vigente. PRP continúa velando por el cumplimiento de la sentencia y garantizando que las personas con discapacidad auditiva reciban los servicios y las adaptaciones que necesitan en la prisión estatal.