La Sociedad de Asistencia Legal presentó un escrito amicus curiae sobre sobrecargos fraudulentos de alquiler en apartamentos con renta estabilizada. Los inquilinos pueden presentar demandas por sobrecargos de alquiler anteriores a junio de 2019 fuera del plazo de prescripción de cuatro años y del período de revisión del historial de alquiler si sus arrendadores participaron en un plan fraudulento para desregular su apartamento. La División de Apelaciones dictaminó que un inquilino con renta estabilizada que alegara que su arrendador participó en un plan fraudulento para desregular su apartamento debía demostrar cada elemento de fraude de derecho consuetudinario, lo cual constituye un estándar mucho más estricto que el aplicado anteriormente, lo que restringió drásticamente la capacidad de los inquilinos para impugnar alquileres fraudulentos. En nuestro escrito, argumentamos que la excepción de fraude establecida por decisiones previas del Tribunal de Apelaciones se aplica cuando existen indicios sustanciales de que el arrendador ha incurrido en una conducta destinada a evadir las protecciones de la estabilización de alquileres. Además, explicamos que la excepción de fraude es esencial para la integridad del sistema de estabilización de alquileres.

En marzo de 2025, el Tribunal de Apelaciones revocó la decisión de la División de Apelaciones y reafirmó su decisión previa de que un inquilino debe alegar indicios suficientes de fraude, y no una demostración de fraude de derecho consuetudinario, para alegar suficientemente un plan fraudulento que justifique la desregulación. En diciembre de 2025, la División de Apelaciones dictaminó que el registro de alquileres ficticios podía constituir fraude y remitió el caso a juicio.