La Sociedad de Asistencia Legal presentó una demanda conjunta con otras organizaciones de defensores públicos de la ciudad de Nueva York para evitar la decisión apresurada, peligrosa y unilateral de la Oficina de Administración de Tribunales (OCA) de reanudar las comparecencias presenciales no urgentes ante el Tribunal Penal de la ciudad de Nueva York. La demanda argumentó que la propuesta de la OCA violaba la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) al privar a miles de personas con vulnerabilidades médicas u otras discapacidades de la oportunidad de solicitar y ayudar a desarrollar las adaptaciones necesarias en el Tribunal. La decisión obligó a las personas a elegir entre su salud y su libertad, ya que si no comparecían ante el tribunal, podrían recibir una orden judicial y ser encarceladas.

El 28 de julio de 2020, un juez federal denegó nuestra solicitud de medida cautelar y se abstuvo de decidir sobre los méritos de nuestros reclamos por motivos de federalismo.