La Sociedad de Asistencia Legal presentó esta demanda colectiva en nombre de cientos de personas que permanecieron recluidas en el sistema penitenciario estatal después de cumplir sus condenas. Nuestros clientes, condenados por delitos sexuales y que cumplieron sus condenas, permanecieron recluidos en Centros de Tratamiento Residencial (CTR) dentro de la prisión, obligados a usar los mismos uniformes de la prisión y sujetos a las mismas normas y procedimientos disciplinarios tras su liberación.

En 2019, un tribunal de primera instancia de Albany desestimó nuestro caso contra la Ciudad y rechazó nuestra alegación de que las penas de prisión de nuestros clientes se estaban extendiendo ilegalmente porque se encontraban recluidos en centros penitenciarios, se les exigía usar los mismos uniformes que a los reclusos y estaban sujetos a las mismas normas y procedimientos disciplinarios penitenciarios. Sin embargo, el tribunal también dictaminó que el sistema penitenciario violaba la Ley de Correcciones al no brindarles oportunidades comunitarias de educación, capacitación y empleo. Ambas partes apelaron ante la División de Apelaciones y, en 2022, dicho tribunal falló en nuestra contra, sosteniendo que el Estado no estaba obligado a brindarles empleo, capacitación ni formación educativa fuera de las instalaciones de RTF. Apelamos ante el Tribunal de Apelaciones. En 2024, el Tribunal de Apelaciones restableció la conclusión del tribunal de primera instancia de que la negativa total del DOCCS a realizar esfuerzos para garantizar oportunidades comunitarias para los residentes del RTF violó su obligación legal, sosteniendo que la posición del Estado "evisceró el carácter y el propósito del RTF y socavó la intención legislativa".